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El recurso extraordinario de Unificación de Jurisprudencia

Por: Guillermo Chahín Lizcano
Ex-Presidente del Consejo de Estado
Asesor de la Comisión de Reforma

 1.        Antecedentes

Uno de los aspectos que, sin duda, ocupó de manera preponderante la atención de la Comisión Redactora del Nuevo Código Contencioso Administrativo fue el que dice relación con la unificación de la Jurisprudencia en esta materia, toda vez que, como es sabido, por las razones que adelante se esbozan, en esta jurisdicción no existían instru-mentos que permitieran que los diferentes falladores tuvieran una posición uniforme en cuanto a la interpretación de la normativa aplicable. Dicha falta de uniformidad condujo inevitablemente a sentencias contradictorias que a más de ser inequitativas, resultaban atentatorias contra los principios de la seguridad jurídica y la confianza debida y además violatorias de los derechos fundamentales de las personas usuarias de esta jurisdicción especial, particularmente de los igualdad y de acceso a la admi-nistración de justicia. Esta la razón por la cual en la Ley 1437 de 2011 se plasmaron varios instrumentos idóneos para lograr una aplicación uniforme de la ley, que es lo que corresponde a una administración de justicia democrática, y sobremanera, para darle seguridad y exigirle a las autoridades que en su relación con los administrados les apliquen por igual a todos, ante las mismas situaciones de hecho, los criterios jurispru-denciales sentados por el Consejo de Estado.

Tales mecanismos unificadores de la jurisprudencia, a más del recurso extraordi-nario del que ahora nos ocupamos, regulado en los artículos 256 a 268 del Código, se integran con las previsiones normativas sobre “extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades” a que se refieren los artícu-los 102 y 303 Núm. 6 y 7 y Parágrafo y con las múltiples maneras como el Consejo de Estado, en su Sala Plena o en sus Salas de Sección, tiene la facultad de asumir compe-tencia para fallar mediante sentencias unificadoras determinados asuntos que, de otra forma, quedarían expuestos a sentencias contradictorias. En los artículos 269 a 274 se regulan estos mecanismos unificadores.

Para contextualizar el tema del Recurso de Unificación de la Jurisprudencia en ma-teria contencioso administrativa es menester, así sea someramente, indagar acerca de las razones que determinaron la inclusión de este instrumento en la nueva codifica-ción y sobre la problemática que con él se pretende solucionar, así:

1.1. Breve recuento sobre los recursos extraordinarios en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

La regulación de los recursos extraordinarios ante la Jurisdicción de lo Conten-cioso Administrativo ha sido bastante accidentada, hasta caótica, podría decirse, por cuanto, en general, no han servido para obtener el fin deseado de unificar la jurispru-dencia. Por el contrario cuando han existido se han desnaturalizado hasta el punto de convertirse en una especie de tercera instancia y en un elemento más promotor de la congestión judicial y del alargamiento excesivo de los procesos.

En efecto, con la entrada en vigencia del Decreto Ley 01 de 1984 se establecieron dos recursos extraordinarios a saber: el de revisión, con causales y procedimiento si-milares a los establecidos en los procesos civiles y el de anulación, cuya causal única fue, a voces del artículo197 (original) del Decreto 01 citado, la de “violación directa de la Constitución Política o de la ley sustantiva” por parte de la sentencia materia del recurso. Empero por razón de la sentencia de inexequibilidad proferida por la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo que en el Código de 1984 contemplaba la deroga-toria de normas anteriores a él, revivió el recurso extraordinario de súplica establecido por el artículo 2º. De la ley 11 de 1975 cuyo texto dystonia:

Habrá recurso de súplica ante la Sala Plena de lo Contencioso respecto del auto interlocu-torio o de la sentencia dictados por una de las secciones en los que, sin la previa aprobación de la Sala Plena, se acoja doctrina contraria a alguna jurisprudencia”.

“En el escrito en el que se proponga el recurso se indicará precisamente la providencia en donde conste la jurisprudencia que se reputa contrariada. El recurso podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes al de la notificación del auto o del fallo”.

Por esta razón, desde 1984 hasta 1992 la Sala Plena del Consejo de Estado tuvo a su cargo la tramitación, en Sala Plena, de los tres recursos extraordinarios1 los cuales, por su deficiente regulación podían, incluso, llegar a interponerse concomi-tantemente sobre una misma sentencia. Las limitaciones para su interposición eran mínimas y, en general, tenían la virtud de suspender la ejecución de la sentencia recurrida, como si se tratara de una tercera instancia y no de un recurso extraordina-rio, lo cual, sin duda, contribuyó a generar una fenomenal congestión en el Consejo de Estado y a dilatar injustificadamente la duración de los procesos ya de suyo, bas-tante prolongados.

Con el advenimiento de la Constitución de 1991 se estimó por el Consejo de Esta-do, en razón de lo dispuesto por el Artículo 230 en el sentido de que “ Los jueces en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley”, y que “ La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judi-cial”, la única causal del recurso extraordinario de súplica (acoger doctrina contraria a la jurisprudencia) resultaba incompatible con la nueva Carta Política por lo cual en aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, comenzó a declararlo impro-cedente señalando que “dentro del nuevo derrotero señalado por la Constitución, bien puede adoptar como criterio interpretativo la jurisprudencia de la Sala Plena, como criterio auxiliar mas no obligatorio”2.

Posteriormente con la reforma introducida en 1998 por medio de la ley 446 se estableció un nuevo recurso extraordinario de súplica asemejándolo al recurso de casación planteado por la causal primera, vale decir, por “la violación directa de nor-mas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación erró-nea de las mismas”

Finalmente en el año de 2005, la ley 954 derogó expresamente el recurso extraor-dinario de súplica y se crearon en el Consejo de Estado “Salas Especiales Transitorias de Decisión, encargadas de decidir los recursos extraordinarios de súplica que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tengan proferido el respectivo auto admisorio”, a fin de evacuar el cúmulo de recursos que atascaban la Sala Plena y que al día de hoy todavía represan el trabajo de ese Alto Tribunal.

Como se observa de la anterior relación, ha sido en verdad caótica la regulación de los recursos extraordinarios en lo contencioso administrativo, amén de que ellos han resultado inoperantes, dilatorios y causantes, por su deficiente reglamentación, de atascos impresionantes que hacen poco menos que inviable la justicia administrativa y malogran en grado sumo la imagen de las instituciones que la gestionan.

Eliminados los recursos extraordinarios de súplica y de anulación, sólo quedó vi-gente el de revisión que opera con una finalidad diferente y que por la excepcionalidad de las causales para interponerlo no está llamado, estricto sensu, a cumplir el papel de unificador de la jurisprudencia. Este es, pues, el panorama que encuentra la Comisión Redactora cuando emprende la tarea de concebir la nueva codificación.

 

1.2. La nueva estructura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la “federalización de la jurisprudencia”

Aparte de lo anterior debe señalarse como hecho importante, determinante de la anarquía que en materia de interpretación de la ley caracteriza hoy a la justicia ad-ministrativa, que en el año de 1996, por medio de la Ley 270, Estatutaria de la Administración de Justicia, fueron creados los Juzgados Administrativos Unipersonales y se integraron como el nivel inferior de la estructura de esta jurisdicción especial. Tal hecho generó nuevos efectos en la desarticulación de la jurisprudencia, en la medi-da en que casi todos los procesos que se conocían en segunda instancia, por parte del Consejo de Estado, pasaron a ser de conocimiento de los Tribunales por haber sido fallados, ahora en primera instancia, por los jueces unipersonales, en razón de la redistribución de competencias que su creación trajo aparejada. Vale decir que desapareció con ello la escaza oportunidad que existía para que las Secciones del Consejo de Estado unificaran la jurisprudencia al tramitar y fallar las apelaciones de las sentencias producidas por los Tribunales. Ahora como éstos fallan en segunda instancia la mayoría de los procesos y son muy pocos los asuntos, que por alguna u otra razón, continúan llegando al Consejo de Estado, se echa de menos un elemento unificador que ponga remedio al caos que significa contar con treinta y dos Tribu-nales Administrativos dictando sentencias en segunda instancia, sin posibilidad de recursos extraordinarios (salvo el de revisión) y con la posibilidad de interpretación autónoma y absoluta de la ley aplicable.

• 2 Véase Auto del Consejo de Estado. – Sala de lo Contencioso Administrativo. – Sección Cuarta. 12 de junio de 1992.

A esta situación, que como se dijo, ha sido causante de fallos contradictorios que atentan contra el derecho de igualdad y la seguridad jurídica y afectan gravemente la imagen de la administración de justicia administrativa, se la ha denominado, en mi opinión con sobrada razón, como la “Federalización de la Justicia Contencioso Administrativa”.

1.3. Las soluciones planteadas y las que se plasmaron en la ley 1437 de 2011

Como puede advertirse de los sucintos comentarios atrás consignados, uno de los temas cruciales que debía avocar la Comisión Redactora, con urgencia e imaginación, era, sin duda, el que vino a denominarse como “la unificación de la jurisprudencia” y en desarrollarlo y regularlo se ocupó con gran dedicación.

 

La primera solución que se planteó fue la de diseñar un recurso de casación en ca-beza del Consejo de Estado que permitiera, por vía del recurso extraordinario unificar la jurisprudencia contenida en las sentencias proferidas por los Tribunales y sentar líneas o criterios interpretativos que pudieran seguirse tanto por éstos como por las autoridades administrativas, ello habida consideración de que la Ley 1285 de 2009 reformatoria de la ley estatutaria de la administración de justicia había dispuesto en el Parágrafo del artículo 11 que “El Consejo de Estado también podrá actuar como Corte de Casación Administrativa. La ley regulará todos los asuntos relacionados con la procedencia y trámite de los recursos, ordinarios o extraordinarios, que puedan interponerse contra las decisiones que en cada caso se adopten en los procesos que cursen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Empero la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad de esta norma declaró inexequible, con una peregrina y tautológica tesis, el texto referente a la posibilidad de que el Consejo de Estado pudiera tener funciones de Corte de Casación Administrativa3, con lo cual los trabajos adelantados en este sentido fue-ron desechados por la Comisión para buscar otros derroteros.

Fue así, como teniendo en cuenta la doble preocupación de no violentar la autono-mía de los jueces, por una parte y por otra de no afectar los derechos fundamentales de las personas, se llegó a determinar que era necesario diseñar mecanismos que permitieran la unificación tan anhelada de la jurisprudencia. Igualmente, que sin des-cocer la autonomía interpretativa de los jueces de instancia, la sentencia del Consejo de Estado pudiera tener el valor de precedente judicial obligatorio de carácter vertical y la posibilidad de aplicación automática por parte de las autoridades administrativas a situaciones de hecho semejantes.

Para fundamentar este propósito se tomó en cuenta la doctrina constitucional sen-tada por la Corte en sentencias como la C-180 de 2006 en que dijo: “9. La unificación de la jurisprudencia por parte de los altos tribunales tiene un papel muy importante en la interpretación y la aplicación de las disposiciones jurídicas por parte de los jueces, en cuanto garantiza los principios de seguridad jurídica y de igualdad de las personas. (…) Con el fin de lograr tales objetivos, en ejercicio de la mencionada libertad de configuración normativa, el legislador puede establecer mecanismos procesales de unificación de la juris-prudencia, mediante recursos o trámites especiales ante las altas corporaciones judiciales, y, así mismo, puede modificar o suprimir los existentes, con los límites superiores indicados”; o como la C-836 de 2001 en la que expresó: “La igualdad, además de ser un princi-pio vinculante para toda actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas dos garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y como consecuencia materialmente inseparable de esta inter-pretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por lo tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone además una igualdad en la interpretación y aplicación de la ley.” (negrillas mías)4.

• 3 Véanse en la Sentencia de la Corte Constitucional Sentencia C-713/08 los argumentos para sustentar la inexequibilidad, entre otros: “Al respecto la Corte debe declarar inexequible la expre-sión “el Consejo de Estado también podrá actuar como Corte de Casación Administrativa”, pues, como se expuso al examinar el inciso 1º del artículo, esa Corporación no puede fungir como Corte de Casa-ción ya que constitucionalmente no le fue asignada dicha función, sino la de actuar como “Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo” (art.237-1 CP)”.

4 Sobre el tema de precedente judicial ha sido abundante la jurisprudencia de la Corte Constitu-cional y entre muchas otras pueden consultarse las siguientes sentencias: T-321 de 1998. T-949 de

2003, SU-049 de 1999, SU-1720 de 2000, C-252 de 2001, T-468 de 2003, T-292 de 2006, C-820 de 2006, T-162 de 2009, T-123 de 1995, T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y T-462 de 2003.

 

1.4. La unificación de la jurisprudencia en la ley 1437 de 2011. Las sentencias de unificación jurisprudencial

Con el objeto de darle un tratamiento uniforme y coherente al tema de la unifica-ción de la jurisprudencia y poder apreciar sus efectos benéficos tanto en relación con la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de las personas que acuden en busca de que se les dispense justicia contencioso administrativa, como respecto de la agilización de los procesos que en ella se ventilan con la consecuente descongestión, se impone partir en este análisis del concepto de sentencias de unificación, que se introduce en la nueva legislación que se estudia.

Tal concepto no es nuevo en el Derecho Público colombiano toda vez que en rela-ción con las acciones de tutela ha venido siendo utilizado por la Corte Constitución cuando en ejercicio de su facultad de revisión eventual, se presentan discrepancias interpretativas respecto de las normas jurídicas, entre las diversas Salas de revisión, caso en el cual compete a la Sala Plena del Alto Tribunal emitir un fallo unificador. El artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 establece, sin definirlas, las sentencias de unifica-ción señalando que ellas son:

a) Las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia;

b) Las proferidas al decidir los recursos extraordinarios (de revisión y de unificación de jurisprudencia) y

c) Las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 (respecto de acciones populares y de grupo)

A su turno el artículo 271 ibídem, señala que al Consejo de Estado le corresponde asumir el conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o sub-secciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público, cuando por razones de importancia jurídica, trascendencia eco-nómica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, advierta la necesidad de expedir una sentencia de unificación jurisprudencial.

En tales casos la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Es-tado deberá dictar la sentencia de unificación jurisprudencial respecto de los asuntos que provengan de las secciones, en tanto que éstas deben hacerlo con relación a los asuntos que provengan de las sub-secciones de la corporación o de los tribunales, se-gún el caso.

2. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Como se dijo, este recurso extraordinario es uno de los varios mecanismos que se diseña-ron en el Nuevo Código con el objeto de unificar la jurisprudencia y su regulación normati-va presenta las particularidades que a continuación se reseñan de manera descriptiva.

2.1. Fines del recurso:

A voces del artículo 256 de la Ley 1437 citada este recurso extraordinario se esta-blece con el fin de asegurar la unidad de la interpretación del derecho y su aplicación uniforme, así como garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales.

2.2. Causal para interponerlo.

Según el artículo 258 ibídem, el recurso puede interponerse cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado.
A este respecto y también en relación con el cumplimiento del requisito previsto en el numeral 4 del artículo 262 de la ley en comento sobre “la indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento”, es necesario precisar que la disparidad de interpretación que se advierta entre la sentencia recurrida y la de unificación que se repute contrariada, debe estar referida esencialmente a la “ratio decidendi” de una y de otra y no a cualquier otro tipo de consideración o motivación presente en ellas. Por considerar ilustrativa en grado sumo de la cuestión, se transcriben a continuación apartes de la Sentencia de la Corte Constitucional T-766/08 en que se fija el criterio que sirve de base al diseño de la causal del recurso: Ha dicho la Corte:
“7. Como se vio, la sentencia C-590 de 2005, precisó que el desconocimiento del precedente constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando la decisión judicial ordinaria o contencioso administrativa afecta derechos fundamentales de las partes. En efecto, en especial, respecto del precedente vertical[1]( La sentencia T-468 de 2003 definió el precedente horizontal como la “sujeción de un juez a sus propias decisiones y precedente vertical a la situación de los jueces inferiores respecto de lo decidido por los superiores funcionales dentro de su jurisdicción” ), la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática en sostener que el juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Carta que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial.

“En este contexto, la jurisprudencia sostiene que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las juris-dicciones (ordinaria, contencioso administrativa y constitucional) no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento. A esta conclusión se ha llegado en consideración con, al menos, cinco razones: i) el principio de igual-dad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las deci-siones jurídicas seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; iii) La autonomía judicial no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; iv) Los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior. De hecho, como lo advirtió la Corte, “el respeto al precedente es al derecho lo que el principio de universalización y el imperativo categórico son a la ética, puesto que es buen juez aquel que dicta una decisión que estaría dispuesto a suscribir en otro supuesto diferente que presente caracteres análogos”[2]( [2] Sentencia C-447 de 1997.)

“8. Ahora bien, como lo ha advertido esta Corporación en reiteradas oportunidades[3],( [3]En este sentido, entre muchas otras, pueden verse las sentencias SU-049 de 1999, SU-1720 de 2000, C-252 de 2001, T-468 de 2003, T-292 de 2006 y C-820 de 2006) el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez. Así, el precedente está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso[4] ([4] Al respecto, puede verse la sentencia T-049 de 2007). De esta forma, la Sala Novena de Revisión recordó que la ratio decidendi “i) corresponde a la regla que aplica el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que analiza la Corte en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella”[5]( [5] Sentencia T-117 de 2007)

“En otra ocasión, la Sala Novena de Revisión explicó que la correcta utilización del prece-dente judicial implica que:

““un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.””[6]( [6]Sentencia T-158 de 2006).

2.3. Procedencia del recurso

De acuerdo con lo regulado por el artículo 257 ibídem, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede, en general, contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos.

No obstante, cuando se trata de sentencias de contenido patrimonial o económi-co, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda los siguientes montos vigentes al mo-mento de la interposición del recurso:

a) Noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nuli-dad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad.

b) Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos ad-ministrativos de cualquier autoridad.

c) Doscientos cincuenta (250) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos que se promuevan sobre el monto, distribución o asignación de impuestos, contribuciones y tasas nacionales, departamentales, municipales o distritales.

d) Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mensuales legales vigentes, en los proce-sos sobre contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes.

e) Cuatrocientos cincuenta (450) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de reparación directa y en las acciones de repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que de conformidad con la ley cumplan funciones públicas.

Adicionalmente dispone la norma comentada, que este recurso no procederá en relación con las sentencias que dicten los Tribunales administrativos en los asuntos previstos en los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política, esto es acciones de tu-tela, acciones populares, acciones de grupo y acciones de cumplimiento, ello en razón de la particular naturaleza de tales acciones y de su regulación especial.

2.4.  Justiprecio pericial del interés para recurrir

A su turno, el artículo 263 determina que cuando sea necesario tener en cuenta el valor del interés para recurrir y éste no aparezca determinado, antes de resolver sobre la concesión del recurso, el ponente, en el Tribunal Administrativo, dispondrá que aquel se justiprecie por un perito, dentro del término que le señale y a costa del recu-

rrente. Si por culpa de éste, no se practica el dictamen, se declarará desierto el recurso. El dictamen no es objetable. Denegado el recurso por el Tribunal Administrativo o declarado desierto, el interesado podrá recurrir en queja ante el Consejo de Estado.

2.5.    Competencia 

Establece el artículo 259 ibídem, que el recurso debe ser conocido y resuelto por una de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en aten-ción a la especialidad de la materia de la sentencia recurrida (responsabilidad contractual y extracontractual, tributario, electoral, laboral, etc.) de conformidad con lo que disponga la misma Corporación, en Acuerdo reglamentario sobre la distribución del trabajo.

2.6.  Legitimación. Titulares para interponer el recurso.

El recurso puede ser interpuesto, según lo que dispone el artículo 260, por las par-tes o los terceros procesales agraviados por la providencia.

Se deberá actuar por medio de apoderado a quien se haya otorgado poder suficien-te, sin que se requiera otorgar uno nuevo distinto al que se otorgó para interponer la demanda, o para contestarla o, en general, para hacerse parte.

Igualmente, establece esta norma, que no podrá interponer este recurso extraordinario, quien no hubiere apelado la sentencia de primer grado ni hubiere adherido a la apelación de la otra parte, cuando el fallo de segundo grado sea exclusivamente confirmatorio de aquélla

2.7.    Interposición y requisitos del escrito de recurso 

El artículo 261 ibídem, enseña que el recurso extraordinario de unificación de ju-risprudencia debe interponerse por escrito ante el Tribunal que expidió la providencia, dentro de los 5 días siguientes a su ejecutoria. Indica, además, que en el auto en el que el Tribunal, en Sala de Decisión, lo conceda, ordenará dar traslado por 20 días al recurrente o recurrentes para que lo sustenten y que dentro de los cinco 5 días siguientes, si el recur-so se sustentó, remitirá el expediente a la respectiva sección del Consejo de Estado. Si no se sustentó dentro del término establecido, se declarará desierto por el mismo Tribunal.

Así mismo, el artículo 262 fija los requisitos que deberá contener el escrito por me-dio del cual se interpone el recurso, ellos son:

a. La designación de las partes

b. La indicación de la providencia impugnada

c. La relación concreta, breve y sucinta de los hechos en litigio

d. La indicación precisa de la sentencia de unificación jurisprudencial que se estima contrariada y las razones que le sirven de fundamento

 

2.8. Efecto en que se concede el recurso. Ejecución de la sentencia recurrida

La concesión del recurso, señala el artículo 261 ibídem, no impide la ejecución de la sentencia, salvo cuando haya sido recurrida totalmente por ambas partes y por los terceros reconocidos en el proceso, pero aún en este caso si el recurso no comprende todas las decisiones, deberá cumplirse la sentencia en lo no recurrido.

Empero, de acuerdo a lo establecido por el artículo 264 ibídem, el recurrente úni-co podrá solicitar que se suspenda el cumplimiento de la providencia, previa caución cuya naturaleza y monto serán fijados por el ponente.

En caso de que no se otorgue la caución en los términos ordenados, continuará el trámite del recurso SIN suspensión de la ejecución de la sentencia.

El tribunal calificará la caución prestada, si la considera suficiente decretará la sus-pensión del cumplimiento de la sentencia y en caso contrario la denegará.

 

2.9. Admisión y trámite del recurso

Los artículos 265 y 266 ibídem, establecen el procedimiento para la admisión y el trámite del recurso disponiendo que concedido el recurso por el Tribunal se debe some-ter a reparto en la sección correspondiente del Consejo de Estado.

En caso de que reúna los requisitos legales, el ponente lo admitirá. Si carece de ellos los señalará para que se subsanen en el término de 5 días. Si no se subsanaren dentro del término concedido, el magistrado ponente inadmitirá el recurso y devolverá el expediente al Tribunal de origen.

El recurso será inadmitido, además, cuando fuere improcedente, por no ser recu-rrible la providencia o no reunir los requisitos del art. 262 o cuando no se cumpliere la regla de cuantía

 

2.10. Efectos particulares y contenido de la sentencia

En el artículo 267 se regulan los efectos particulares de la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, estableciendo que si prospera
el recurso, total o parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia recu-rrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente.

Así mismo, cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial, declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin y dispondrá que el juez de primera instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, el Consejo de Estado ordenará al tribunal que en el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior cancele la caución de que trata el artículo 264.

Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución prestada se-guirá respondiendo por los perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán ante el juez de primera instancia mediante incidente que deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

2.11. Efecto general y automático de la sentencia

La sentencia que desata este recurso extraordinario se habilita automáticamente como sentencia de unificación de jurisprudencia, según lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 y, en consecuencia, debe ser tomada en cuenta por los jueces y magistrados de la jurisdicción contencioso administrativa como precedente vertical, en los fallos que profieran en lo sucesivo siempre que en ellos se debatan iguales cir-cunstancias de hecho y de derecho. Igualmente, de conformidad con lo que establece el artículo 102 de la misma ley las autoridades administrativas deberán extender los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Esta-do, en la que se haya reconocido un derecho, cuando quienes lo soliciten acrediten los mismos supuestos fácticos y jurídicos.

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